Tras la decisión de la jueza federal Blackburn de rechazar las mociones del Departamento de Justicia y de grupos hispanos contra la ley antiinmigrante HB56 de Alabama, el Estado sureño ya no será tan dulce hogar, como reza la canción.
Desde ayer, salir a la calle sin identificación será causa de delito. Tampoco las empresas podrán realizar transacciones comerciales con los inmigrantes indocumentados. Pero sin duda, el precepto más llamativo, es aquel que obliga a las escuelas públicas a comprobar los datos de residencia de los estudiantes y su familia: este miércoles se informó de que más de 1500 niños abandonaron la escuela en Alabama.
El Departamento de Justicia, la Coalición para los Intereses Hispanos de Alabama (HICA) y la Unión de Derechos Civiles de América (ACLU), apelaron ante la jueza a suspender esta ley. Específicamente a frenar los artículos 10, 12, 27, 28 y 30.
Este texto se impone sobre uno de los Estados estadounidenses con menos tasa de población inmigrante, un 3% sobre el 12% que poseen otros Estados.
Carlo Marella
Carlo Marella
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